Hace unas semanas un “economista experto en los sectores de la energía y las finanzas”, con amplia y dilatada experiencia en el sector del petróleo, hacía una defensa del fracking, hablando de sus ventajas y bondades.
Coinciden estas declaraciones con el debate en torno a la autorización a Repsol de investigaciones exploratorias de hidrocarburos en Canarias. Según declaraciones del presidente de Repsol, esas actividades no entrañan riesgos ambientales.
La realidad es que las actividades de investigación exploratoria autorizadas a Repsol en las proximidades de las Islas Canarias tienen un alto riesgo ambiental. El Gobierno ha exigido el máximo importe que la Administración puede pedir a una empresa para un seguro de responsabilidad medioambiental (20 millones de euros). Como es bien sabido, el fracking es una actividad que entraña riesgos ambientales que pueden ser importantes y afectan a la salud y los bienes económicos del lugar. Es un tema suficientemente serio como para hacerlo bien desde el primer momento y procurar no equivocarse.
Por ello la Comisión Europea publicó en 2014 una Recomendación con unos principios mínimos para la utilización del fracking. Su objetivo es que el empleo del fracking se haga garantizando la preservación de la salud pública, el clima y el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y la información del público.
Una de las principales recomendaciones para evitar los riesgos ambientales es introducir en los modelos de negocio de las empresas explotadoras los costes de adoptar todas las precauciones ambientales necesarias, incluidos los costes de prevención, evitación y reparación que exige la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental.
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