En los últimos tiempos, la forma de gestionar los espacios naturales se ha ido modificando paulatinamente. Al despoblamiento del medio rural de las últimas décadas se han unido numerosos cambios normativos y la aparición de nuevas herramientas de gestión que tratan de involucrar a nuevos actores en la conservación. La futura Ley de Parques Nacionales y la custodia del territorio son dos buenos ejemplos de cambios normativos y nuevas herramientas, respectivamente.
Nueva Ley de Parques Nacionales.
El pasado 23 de septiembre la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Parques Nacionales, dando uno de los últimos pasos parlamentarios para que vea la luz definitivamente esta ley. De esta forma, el texto fue remitido por el Congreso al Senado, más concretamente a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y el próximo 2 de diciembre se cumplirá la fecha límite de tramitación en esta cámara. Es así que, cuando estamos a punto de celebrar el centenario de la entrada en vigor de la primera Ley de Parques Nacionales, aprobada en nuestro país el 7 de diciembre de 1916, nos encontramos dando los pasos finales de la tramitación de una ley muy polémica y que afectará a algunos de los espacios naturales protegidos más importantes de nuestro país.
Entre los aspectos conflictivos de esta nueva normativa destaca la permisibilidad a los usos turísticos en estos espacios protegidos, la figura del control de poblaciones o la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en caso de mala conservación por parte de las autonomías, catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro la riqueza natural de estos enclaves.
Custodia del territorio
La custodia del territorio es una herramienta de gestión del entorno que nace con el objetivo de colaborar con otras herramientas de gestión ya existentes en la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje. Para ello involucra a actores clave, como ganaderos o agricultores, los cuales firman acuerdos voluntarios con entidades sin ánimo de lucro que cuentan entre sus objetivos la conservación de la biodiversidad. En los últimos años nuestro país está experimentando un gran crecimiento, tanto en hectáreas custodiadas, como en entidades de custodia del territorio.
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